Curso en Derechos Humanos y Justicia Universal

En 2014, FIBGAR organizó, junto con la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), estos primeros cursos de formación en Derechos Humanos en Argentina, en los que un destacado grupo de juristas de talla internacional debatió en Buenos Aires sobre Derechos Humanos y Justicia Universal.

El programa se centró en los aspectos más relevantes del concepto de Justicia Universal y su relación con los procesos judiciales en los que se implican delitos que afectan a los Derechos Humanos. El objetivo fundamental de este curso era analizar y reflexionar sobre el alcance de la aplicación de este principio de Justicia Universal y, de qué manera, se puede ampliar y consolidar la protección jurídica de los Derechos Humanos a nivel internacional. En este extremo, se tomaron como referencia los numerosos casos en los que diferentes tribunales nacionales actuaron en base a este principio jurídico universal para proteger a las víctimas de este tipo de delitos.

Fue especialmente interesante el análisis de la relación que existe entre los poderes económicos y las dictaduras y gobiernos autoritarios a fin de reflexionar desde el punto de vista jurídico de este tipo de relaciones recurrentes imprescindible a la hora de estudiar las violaciones de Derechos Humanos a nivel internacional. Está clara la necesidad de investigar el entramado de relaciones económicas que dio y da soporte a los regímenes autoritarios que cometen delitos de lesa humanidad y superar la visión que centra la responsabilidad de los delitos en los actores políticos de los diferentes procesos dictatoriales.

Entre los participantes figuraron:

Baltasar Garzón

Raúl Zaffaroni, magistrado de la Corte Suprema de Argentina

Estela Barnes de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo

Alejandra Gils Carbó, procuradora general de la Nación

Martin Fresneda, secretario de Derechos Humanos de la Nación

Remo Carlotto, diputado de la Nación por la Provincia de Buenos Aires

Dolores Delgado García, fiscal de la Audiencia Nacional española

Fernando Andreu Merelles, magistrado juez del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional de España

Pedro David, juez de la Sala II de la Cámara de Casación Penal

Alejandro Slokar, juez de Cámara Federal de Casación Penal de la Sala II

Pablo Vassel, ex director de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura de la Nación

Alejandro Vanoli, presidente de la Comisión Nacional de Valores

Eduardo Barcesat, consultor externo de la Procuración del Tesoro

Carlos Slepoy, abogado de la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina contra los crímenes del Franquismo (CeAqua)

Hugo Cañón, presidente de la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires,

María Laura Garrigós de Rébori, presidenta de la Asociación de Justicia Legítima

Luis González León, jefe de la Unidad de Direcciones Nacionales y Seguridad Ciudadana, director Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Colombia

Matías Bailone, director del Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Diana Conti, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires

Carlos Gonella, fiscal general de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC)

Eduardo Saiegh, empresario despojado en la dictadura militar

Jorge Elbaum, sociólogo, profesor de UBA y UNLM;

Martín Granovsky, licenciado y profesor en Historia

Juan Pablo Boholavsky, experto independiente sobre la Deuda Externa y Derechos Humanos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

Ricardo Gils Lavedra, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Carolina Varsky, coordinadora de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de la Procuración General de la Nación. Abogada (UBA)

Celeste Perosino, coordinadora de la Oficina de Políticas de DD.HH. de la Comisión Nacional de Valores

Darío Rivas, descendiente de víctima del franquismo

Graciana Peñafort, directora general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa

Juliana Oliva, funcionaria judicial de la Justicia Ordinaria de Buenos Aires.